Las leyes de Burgos fueron las primeras leyes que la Monarquía Hispánica aplicó en América para organizar su conquista. Se trata de una serie de ordenanzas dictadas en la ciudad de Burgos el 27 de diciembre de 1512, para el gobierno con mayor justicia de los naturales, indios o indígenas. La causa de su promulgación era el problema jurídico que se había planteado por la conquista y colonización de las Indias o Nuevo Mundo, en donde el derecho común castellano no podía aplicarse. Las Leyes fueron el fruto de la primera Junta de teólogos y juristas, reunida en Burgos en 1512, conocida como Junta de Burgos, que se había reunido como respuesta al famoso sermón de Montesinos (diciembre de 1511) y su denuncia por las condiciones sociales de los indígenas. En ella se discutieron los problemas del indio y la justicia de los títulos sobre América. Para las mismas, el rey Fernando el Católico encargó a los dos más destacados representantes de la junta que fijasen su posición en sendos tratados:

• Juan López de Palacios Rubios, consultor de la corte para temas indianos (Libellus de insulis occeanis quas Indias vulgus apellat), es el más sólido defensor del argumento teocrático que justifica la concesión papal (Bulas Alejandrinas).
• Matías de Paz, catedrático de teología en Salamanca (De dominio regum Hispaniae super indos), no menos teocrático, pero que al menos insistió en la necesidad de informar a los indios de los derechos del rey de Castilla con un requerimiento antes de someterlos pacíficamente o hacerles la guerra.

Se concluyó que el Rey de España tenía justos títulos de dominio del Nuevo Mundo, pero sin derecho a explotar al indio; que era hombre libre y podía tener propiedades, pero como súbdito debía trabajar a favor de la Corona a través de los españoles allí asentados. Se justifica la guerra si los indios se negaban a ser cristianizados; y para ello se creó la institución del Requerimiento. Una conquista sólo estaba justificada si los indios se negaban a ser evangelizados. Por lo que se siguió la tradición medieval en el sentido de que lo primero es la evangelización del indio y ese bien superior justifica otros posibles males; por lo cual se mantenían el trabajo forzoso de los indios, si bien limitándolo y humanizándolo algo.
El ámbito de implantación de las leyes debía comenzar por la isla de La Española, -donde llegarían el 15 de julio de 1514, iniciándose las nuevas reparticiones de indios el 15 de noviembre de ese mismo año en la ciudad de La Vega-, para extenderse más tarde a las islas de Puerto Rico y Jamaica. Las ordenanzas autorizan y legalizan la práctica de los repartimientos en encomienda de indios por parte de los colonizadores a razón de un mínimo de 40 y un máximo de 150 individuos, pero se esforzaron en establecer una minuciosa regulación del régimen de trabajo, jornal, alimentación, vivienda, higiene y cuidado de los indios en un sentido altamente protector y humanitario. Entre sus puntos podemos citar la prohibición terminantemente a los encomenderos de la aplicación de todo castigo a los indios, el cual se reservaba a los visitadores establecidos en cada pueblo y encargados del minucioso cumplimiento de las leyes, las mujeres embarazadas de más de cuatro meses eran eximidas del trabajo. Así mismo, se ordenó la catequesis de los indios, se condenó la bigamia y se les obligó a que construyan sus bohíos o cabañas junto a las casas de los españoles. Se respetó, en cierto modo, la autoridad de los caciques, a los que se eximió de los trabajos ordinarios y se les dio varios indios como servidores.
El incumplimiento de las leyes en una multitud de casos, originó numerosas reclamaciones y protestas. No obstante, su aplicación fracasó, como probó de manera casi inmediata la extinción de los aborígenes de las Antillas mayores. En consecuencia, se siguió debatiendo sobre la sobre la misma temática (lo que se dio a llamar Polémica de los Naturales o Justos Títulos) hasta que fueron promulgadas las Leyes Nuevas de 1542 con la Junta de Valladolid.